El tumbe

Recuerdo que cuando era niño se popularizó la expresión de que a quien no le gustara la colonia que se fuera a Cuba a cortar caña con Fidel. Tal vez debimos haberlo hecho. Justo en esos mismos años en los que Cuba generaba las mayores cosechas de caña en su historia, Puerto Rico se sumergía en el mantengo. Allá se impuso el trabajo; aquí, los cupones. Se popularizó la cultura del tumbe. El maldito tumbe. Se perdió la ética en el trabajo y se generalizó la búsqueda racional de la eficiencia en la trampa. El sentido del bien y el mal se perdió y todas las acciones pasaron a justificarse en función de ganarse las habichuelas, otra expresión puertorriqueña que surgió en aquella época y que aún sobrevive.

La escala de valores es negociable y se adapta a las necesidades materiales coyunturales. Las leyes, reglamentos y hasta el sentido común se violentan con impunidad. Pero no solo es dar el tumbe, sino hacerlo con el menor esfuerzo posible.  Desde quien abre un paquete de baterías en la farmacia y se las roba, pasando por los violentos del narcotráfico, hasta algunos respetables amigos, familiares o correligionarios de los gobernantes de turno que generan el capital de su vida en tres años a costilla de fondos públicos; todos quieren llevarse mucho a cambio de poco. Eso incluye los cupones, el PAN o como quieran disfrazarlo.

Varias generaciones enteras de puertorriqueños que no valoran el trabajo y la educación como instrumentos irreemplazables de movilidad social. Ni siquiera hay la ambición de movilidad social. Se contagió la epidemia de una vida conformista que se nutre fundamentalmente de la obtención de objetos materiales. El tumbe también incluye a muchos proveedores de servicios, como abogados, médicos, comerciantes, mecánicos, plomeros y jardineros que cobran total o parcialmente en efectivo y no declaran la totalidad de sus ingresos para pagar menos impuestos. A veces no declaran nada. Sin embargo, utilizan los mismos servicios gubernamentales que usan los asalariados, cuyos ingresos no se pueden esconder. Los carros de los evasores contributivos transitan las mismas carreteras que los que pagan. También los protege la misma policía, se detienen en los mismos semáforos y utilizan las mismas oficinas de gobierno para sacar sus licencias, marbetes, permisos y sellos. Eso es un crimen, pero en Puerto Rico se ha normalizado en la cultura popular y hasta se ha convertido en una cualidad.

¿Cuántos no tildarían de tonto a aquel que voluntariamente le declarara todo su ingreso a Hacienda cuando podría ocultarlo sin consecuencias? La realidad es que los asalariados subsidian a una gran parte de la fuerza laboral de Puerto Rico a través de la desproporcionada carga contributiva que generan para los ingresos del fondo general. Deberíamos, cada vez que nos enteráramos de algún conocido o familiar que evade contribuciones, reclamarle por el daño que nos hace. Muchos de ellos se consideran a sí mismos buenas personas, padres o madres responsables y ciudadanos de bien.  Pues que sepan esos ciudadanos de bien que el gobierno de Puerto Rico necesita mil millones de dólares adicionales para funcionar el próximo año y que ya es hora de que dejen de hacernos trampa a los otros ciudadanos de bien que mantenemos a su gobierno. Eso también es mantengo y tiene que acabar.

También hay que incluir a las grandes empresas multinacionales que han generado en los pasados cuarenta años cientos de miles de millones de dólares pero que han dejado en Puerto Rico una proporción muy pequeña de sus ganancias de capital. En Puerto Rico ha habido mucho crecimiento de riqueza, pero la mayoría se ha marchado. Claro que, para un país en desarrollo como nosotros, aun esa proporción pequeña de las ganancias que no se llevaron representó un gran alivio al problema de la pobreza estructural que padecemos. Pero no fue suficiente para crear una gran clase media, como sucede en los países verdaderamente ricos. Por lo tanto, es imperativo que la inversión extranjera en Puerto Rico, que es imprescindible y deseable, contribuya más capital a nuestra economía a través de mayores contribuciones e inversiones financieras. Ya se demostró que un alza modesta en los impuestos a las ganancias de capital de las empresas multinacionales en Puerto Rico le proveyó al fisco una suma substancial y no provocó la fuga de capital. Eso se ha producido por otras razones, especialmente por el costo de energía.

También hay que generar riqueza que se quede.  Se debe crear un modelo de desarrollo a largo plazo que incluya protección y apertura. Este modelo, que analicé en un artículo anterior, se basa en un delicado equilibrio entre competitividad y apoyo. Por un lado, vivimos en una economía pequeña que necesita generar exportaciones para producir a niveles de economías de escala. Es decir, nuestro mercado no es lo suficientemente grande para crear empresas que únicamente vendan al mercado puertorriqueño pero que a la misma vez compitan en precios con empresas multinacionales. Por lo tanto, es imprescindible continuar atrayendo la inversión extranjera que vaya dirigida a las exportaciones de sus productos desde Puerto Rico. Esa inversión es muy distinta a la que entra a nuestro país para beneficiarse del mercado puertorriqueño y desplazar al capital nativo. Ese tipo de inversión es perjudicial y contribuye al crecimiento de la brecha entre la riqueza que se genera y la que se queda en Puerto Rico.

Por otro lado, nuestro mercado es lo suficientemente grande, producto del consumismo, como para que empresas puertorriqueñas compitan favorablemente contra las multinacionales en algunos sectores, especialmente si reciben protección del estado. Encuestas como la Radiografía del Consumidor de MIDA revelan que los puertorriqueños prefieren comprar productos nativos si compiten en calidad y precios. El mercadeo, aspecto fundamental de las ventas, tiene tierra fértil para promover la lealtad de los consumidores hacia productos puertorriqueños. Pero no puede ser una protección sin condiciones. Las condiciones dependen del caso, pero siempre deben incluir compromisos específicos en cantidades de empleos y proporción de reinversión de las ganancias de capital en Puerto Rico. Además, la protección no debe ser permanente, sino con un término fijo a largo plazo. Eventualmente, algunas de esas empresas nativas podrán competir en el mercado sin protecciones y hasta exportar. Otras no sobrevivirán a la competencia y el estado deberá permitir que el mercado se encargue de ellas.

Esa estrategia combina la sustitución de importaciones con la promoción de las exportaciones. Ese enfoque requiere de mucha valentía por parte de los gobernantes porque los sectores económicos y políticos que se afectan de manera negativa son muy poderosos y se oponen tenazmente. Las megatiendas, las grandes marcas internacionales y los que monopolizan el poco capital nativo que se genera en Puerto Rico, utilizarán sus recursos económicos y políticos para detenerla. Es innegable que algunas áreas tendrán que sufrir para beneficiar a otras. Claro que el mayor impedimento a esa estrategia es la camisa de fuerza de las leyes federales. En ese campo se requiere de astucia y valentía. La astucia es para generar maneras creativas de eludir las leyes federales que prohíben el discrimen económico entre los estados de la unión. La valentía es para que, aun reconociendo nuestra condición colonial, se aprueben leyes en Puerto Rico que reten las leyes federales, tal como han hecho algunos estados de la unión con la legalización del cannabis.

También hay que decidirse de una vez a exigir que se excluya a Puerto Rico de las leyes de cabotaje.  Para expresarle al gobierno estadounidense nuestro rechazo al subsidio que nos obligan a pagarle a su marina mercante, no hay que esperar por un colonizado comisionado residente que le pide a los propios beneficiados que evalúen la justicia de las leyes. Con una resolución conjunta de la legislatura y una carta del Gobernador basta. Al menos para empezar. Pero eso requeriría de valentía, cualidad que en Puerto Rico es cada vez más escasa.

Finalmente, hay que mejorar la distribución de la riqueza. Necesitamos impuestos progresivos que incluyan una o dos categorías adicionales de ingreso en los niveles más altos. La experiencia latinoamericana nos enseña que la distribución genera riqueza. Existió una dicotomía falsa en la economía política entre la generación de riquezas y la generación de justicia distributiva. Se pensaba que para generar riqueza había que favorecer a los que tenían capital primero, para así promover la inversión y aumentar la riqueza total, aunque la distribución empeorara. Es decir, la población puede estar mejor aunque la proporción de la riqueza total en manos de los pobres sea menor, siempre y cuando la riqueza total aumente. Un por ciento menor de un total mayor puede ser, en términos absolutos una cantidad mayor. La aplicación de este enfoque en América latina entre 1982 y 2000, provocó que, en efecto, la distribución empeorara y las economías crecieran.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el crecimiento total fue muy pequeño mientras que la concentración de la riqueza aumentó enormemente. Gran parte de la población se empobreció. A principios del siglo 21, la estrategia latinoamericana enfatizó la distribución de la riqueza, a través de reformas contributivas, renegociación de la deuda externa, reformas agrarias y gastos gubernamentales. El efecto fue un aumento en la cantidad de personas que se integraron al mercado y que ahora requerían casas, automóviles, enseres y servicios. Aumentó la clase media. Eso a su vez produjo un aumento en la riqueza total, incluida la de los ricos. A los ricos les benefició que millones de personas salieran de la pobreza.

Claro que en la cultura del tumbe, que también predominó en América latina, los gobernantes que tomaron esas medidas redistributivas se tuvieron que enfrentar a sectores nacionales e internacionales muy poderosos y que ayudaron a generar ambientes de polarización política. Sin embargo, varios hombres y mujeres valientes se atrevieron a tomar medidas verdaderamente difíciles que rindieron unos frutos extraordinarios. No son las mal llamadas decisiones difíciles que se escuchan en Puerto Rico, como reducirles las pensiones a los ancianos o aumentarle los impuestos a los consumidores. Actuar contra los más vulnerables de la sociedad no es una decisión difícil. Difícil es actuar contra los poderosos que no quieren aportar en su justa medida a una sociedad que les ha provisto de una vida privilegiada. Esas son las decisiones difíciles. Pero a eso no se atreven. Mientras no se atrevan a poner a la gente a trabajar, al país a producir para sí mismo y a obligar a todos a contribuir de acuerdo a sus recursos, seguiremos en picada.