El movimiento social urbano de los rescates de terreno

Contextualizando Desalambrando, el documental*

“Hemos encontrado una nueva confianza en nosotros mismos como individuos y como grupo. Hemos rescatado nuestro destino y queremos que usted nos ayude a consolidarlo. La relación entre el gobierno y los gobernados es una calle de tránsito en ambas direcciones (…) Queremos caminar hacia usted si usted esta dispuesto a caminar hacia nosotros”.

Carta al gobernador Rafael Hernández Colón de los representantes de Villa Pangola, Villa Colombo, Villa Nuestra Tierra, Villa Morenita, Villa Juventud y el Presidente de Unión Comunal, Aúreo Rivera. 6 de mayo de 1975.

Hace muchos años escribí: “Una cosa es segura: las organizaciones anticolonialistas asociadas al partidismo convencional en Puerto Rico enfrentarán dificultades para alcanzar sus metas políticas si no incorporan las luchas comunitarias como la base social de sus estrategias” (Cotto, 1993).

De la misma forma que en los viejos barrios obreros y en la fábrica se desarrollaron identidades colectivas proletarias, en las tomas de tierra del último cuarto del siglo pasado se desarrollaron identidades colectivas específicas al objetivo en contienda: “somos rescatadores, reclamamos lo que moralmente nos pertenece, no somos invasores, delincuentes como dice el gobierno. “

Las identidades colectivas constituyeron ayer y constituyen hoy la base de la resistencia social que fundamenta la organización autónoma y autogestionaria necesaria para empujar el acceso a la justicia. No siempre se activa, pero cuando existe, se altera el balance de poder en la sociedad.

En mi libro Desalambrar, cuya investigación es la base del documental, analizo las aportaciones del movimiento social urbano de rescates del último cuarto del siglo 20 a la cultura política del país. Este generó prácticas, discursos y estrategias que constituyeron legados culturales que luego aparecieron en las luchas sociales de las décadas y el siglo siguientes. Algunos de estos fueron: la aparición y legitimación de los pobres sin vivienda, el cuestionamiento de la política partidista, la búsqueda de mayor autonomía, la creación de organizaciones regionales que denotan la presencia de alianzas, la identificación de los pobres con la clase obrera (lo cual apuntaba hacia una identidad de clase); el apoyo de sectores no partidistas, profesionales, educativos y religiosos. Lo anterior evidencia la activación de una sociedad civil-no partidista ni estatal como categoría de práctica política, aunque no se manejara como categoría teórico-ideológica.

Lo anterior no significó que se eliminaron las relaciones de dependencia asistencialistas y clientelistas entre comunidades y Estado, o que no se reprodujeron estas en las organizaciones creadas. Este híbrido de dependencia y autonomía volverá a aparecer en las luchas posteriores y hoy está vivito y coleando. Las relaciones de dependencia (área personal/interpersonal y de autoridad colectiva) tienen elementos de poder autónomo y las resistencias autónomas tienen elementos de sujeción y subordinación.

El movimiento de los rescates es el que ilustró, en una coyuntura histórica específica, la importante relación entre los movimientos sociales y el derecho. [1]

Francisco Aponte Pérez presidente del Colegio de Abogados dijo en 1971

“Nuestro sistema legal tiene remedios para actos únicos y aislados de interferencia con la propiedad, pero no estaba y no está preparado para invasiones masivas de tierras. Los derechos de propiedad tienen aún la máxima prioridad en nuestra ley,…. Concede al propietario remedios penales, de mandamiento judicial por daños y prejuicios contra la invasión de tales derechos. Pero estos remedios pudieran ser inútiles contra invasiones concertadas y masivas en Puerto Rico. ‘’

Cinco años después, en 1975 ya existían leyes, decisiones de los tribunales locales y el federal, una apelación a Boston y una experiencia de representación legal para los rescatadores de parte de un conjunto de abogados solidarios. Estos abogados solidarios crearon precedentes, algunos en su carácter individual, otros como parte de organizaciones de apoyo externo, tales como Servicios Legales o partidos contestatarios como el PIP o MPI-PSP o una combinación de ambos. El movimiento social hizo imperativa la actividad jurídica en diferentes vertientes: legislativa, judicial y de representación legal. La administración de Rafael Hernández Colón optó en 1975 por diseñar otra forma de legislación: una política pública que pretendía ser coherente y que culminó en la Ley 132. “Ya sea debido a la agenda política, las promesas de campaña, la problemática real de la falta de viviendas, o porque el número de familias era muy grande, la acción legal [de los rescatadores] no pudo ser la vía para la solución de este conflicto”. [2]

No sin antes enfrentarse al Piquete Maratón organizado por una alianza de comunidades de rescate, una innovación para la época, conocida como Unión Comunal, opuestas a la política pública de ese Proyecto de Ley. El Piquete Maratón duró 68 días frente a Fortaleza. Los abogados solidarios esgrimían las decisiones de los jueces federales puertorriqueños que reconocían derechos civiles para los rescatadores.[3] La administración de Rafael Hernández Colón apeló el caso al Primer Circuito de Apelaciones de Boston. El 24 de junio de 1975 el Tribunal Federal de Boston decidió que “los invasores no tenían derecho de propiedad a la tierra que habían invadido y no necesariamente tenían derecho a una vista antes de su desahucio.‘’ Esta decisión legitimó la política pública del gobierno y La Ley 132 se aprobó en julio de 1975.

Pero los rescatadores habían generado un movimiento y aunque los líderes del Piquete Maratón, todos miembros de Unión Comunal fueron declarados culpables por alteración a la paz el 16 de julio de 1975 (Cotto, 2011: 116), los rescates participantes de la protesta no fueron desalojados. Aéreo Rivera narra que, en las postrimerías de la protesta, el gobernador se presentó sorpresivamente a dialogar con los manifestantes. No cambió la política pública pero no los desalojó. Esa es la fuerza de un movimiento social.

El Partido Nuevo Progresista ganó las elecciones de 1976 con Carlos Romero Barceló como gobernador. A partir de esa fecha proliferaron los rescates. El nuevo gobierno, como los anteriores, afirmó que no serías tolerados. A la vez modificó la política pública del Partido Popular Democrático. El 15 de julio de 1977 el gobierno de Romero Barceló enmendó la Ley 132 para ‘’ dar título de propiedad a las 17 mil familias que ocuparon terrenos de 1973 a1975…alegó que, contrario a lo afirmado por el Exsecretario de Vivienda, José Enrique Arrarás, las ‘invasiones’ no habían cesado en 1973…” (Cotto, 2011: 118).

En 1978 una organización de rescatadores representativa de todo el país coordinados por Elliot Santiago, organizador comunitario de Servicios Legales, (Carolina) y apoyado por las oficinas de toda la isla, negoció con el gobierno nuevas enmiendas a la Ley 132. Se negoció la extensión de la aplicabilidad de la ley para reconocer los rescates hasta 1975 y la estipulación de que si un terreno no separado para uso público no se usa en 10años “el Secretario de Vivienda puede dar títulos de propiedad a las familias cuyos hogares radican o están en dichas tierras’. Esa es la fuerza de la organización.

La aprobación de la Ley 132 aún con estas enmiendas ganadas por la organización y los movimientos, significó la restauración del dominio del estado. Desalambrado, el documental nos comunica los procesos de resistencia posteriores a 1975. Por ejemplo, en 1979 Adolfina Villanueva, resistió el desalojo, convencida de que tenía el derecho a su hogar. Pagó con su vida. En 1980 y al igual que en los 70 y ahora, en medio de múltiples crisis sociales emergió Villa Sin Miedo un rescate emblemático que recoge la cultura política del movimiento que le precedió. El ‘’gobierno negociador” del 1978 se ensañó con esta comunidad que, para sobrevivir, hacía los mismos reclamos que los anteriores, y optó por quemar las casas. El documental nos permite vivir estas historias y sus epílogos en el siglo 21.

La relación entre movimiento social y derecho ha sido evidente en los movimientos urbanos y ambientales de los 80 y 90 y en otras luchas del siglo 21, entre de ellas el movimiento social de paz para Vieques, playas para el pueblo, las luchas contra las cenizas en Peñuelas, el vertedero de Arecibo, etc.

Desalambrando el documental evidencia la creatividad de los rescatadores de generar acciones colectivas para protestar/resistir y para negociar/proponer simultáneamente. En el país hay hoy muchas otras instancias de resistencia en las que las poblaciones pobres y de sectores medios utilizan la combinación de negociaciones civiles y no civiles para lograr sus objetivos. Se niegan a aceptar las fórmulas de uso y división de nuestros espacios físicos y sociales establecidas por los representantes del poder. En estas resistencias se han producido diversas formas de organización comunitarias que se han afianzado en el Puerto Rico del presente.

Los objetivos y los contextos varían, han sido y son diferentes, pero la meta final es rescatar espacios, como hicieron los rescatadores: proteger un recurso natural vital, oponerse a un proyecto industrial dañino o evitar el desalojo, resistir la privatización de un recurso, afirmar la equidad de género, sacar a la Marina de Vieques, etc. Se desarrollan identidades colectivas particulares a estos temas.

Sin embargo, cuando examinamos los adversarios, ayer y hoy, son los mismos. El Estado, local/federal, los militares, las instituciones o personas que responden a los intereses del Capital (funcionarixs o ciudadanxs, o bonistas, etc.) y las organizaciones financieras. Hoy, específicamente son los buitres financieros, que ejecutan las políticas de la globalización neoliberal.

Desalambrando nos invita a reflexionar sobre estos aspectos narrando cinematográficamente las luchas sociales de los rescatadores por su territorio y las viviendas y su pertinencia hoy. El conocido cineasta Pedro Ángel Rivera Muñoz fue el Director/Productor que timoneó el trabajo colaborativo que nutrió esa narrativa. El documental es simultáneamente un documento histórico y un apasionado testimonio de resiliencia, resistencia y creatividad de nuestra gente en tiempos de adversidad. Muestra, además, las conexiones entre sucesos que afectan a la diáspora boricua y sus consecuencias en procesos en la isla. No se la pierdan.

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[1] L@s lectores pueden explorar otros ángulos de este tema en Fontánez Torres, Erika (2014). Ambigüedad y derecho: ensayos de crítica jurídica. Educación Emergente

[2] Colón, Linda (2005). Pobreza en Puerto Rico: Radiografía del Proyecto Americano. Editorial Nueva Luna. Río Piedras

[3] Cotto Morales, Liliana (2011} Desalambrar: orígenes de los rescates de terreno y su pertinencia para los movimientos sociales contemporáneos. Editorial Tal Cual y Ediciones Gaviota, Río Piedras ‘’ El 25 de agosto de 1971, el juez Cancio dictaminó que ‘la destrucción de chozas de invasores sin una orden de corte viola los derechos civiles de las familias afectadas’: 67

*La autora es investigadora, autora y productora ejecutiva de Desalambrando, el documental