Capitol cobra, pero no paga
La compañía contratada por la Universidad de Puerto Rico (UPR) para impartir servicios de seguridad en el Sistema UPR no pagará este año el bono de navidad a sus empleados a pesar de que posee un contrato millonario con la UPR. Así lo indica el informe de solicitud de exoneración del pago publicado por el Departamento del Trabajo (DT).
En la página cinco de dicho informe aparece que la solicitud de Capitol Security Police, Inc. fue aceptada por el DT y, por tanto, exonerada parcial o totalmente del pago del bono. Según explicó a DESDE ADENTRO un abogado laboral, para que una compañía sea exonerada de este pago a sus empleados tiene que haber presentado en sus estados financieros que no tuvo ganancias en el presente año y haber solicitado oportunamente el relevo. DESDE ADENTRO hizo gestiones para investigar si la UPR en efecto pagó a Capitol Security sus servicios pero aún no se nos ha hecho llegar la información.
Este no es el único problema que tiene la UPR con la seguridad del Recinto. Los incidentes de violencia suscitados en los primeros días del paro estudiantil por parte de los oficiales de seguridad no adiestrados de Capitol Security fueron harto conocidos por el país. Incluso, en el informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sobre el estado de los derechos, a raíz de las protestas en la UPR, se denuncian las violaciones a los derechos civiles a manos de los oficiales de seguridad de la UPR.
“This past Tuesday, December 7, 2010, the first day of the two day walk out, University officials brought on to campus a private security force «Capital Security» comprised of unlicensed and untrained young men recruited off the streets to control student protestors. Immediately, a violent situation emerged; many of these so called «security employees» came in with 2×4’s, wielding open knives and blackjacks, acting more like a goon squad. When interviewed by the press, some «security guards» admitted that they have no experience or training, that their only experience was kicking ass «free of charge» in the streets of their communities and that «here I will get paid for it». This private security force was to replace the controversial tactical police unit, but has proven to be just as violent.”
Tras quedar demostrada la falta de adiestramiento que reciben los oficiales de seguridad, Capitol Security podría estar en violación del contrato suscrito con la UPR. Esto porque el contrato suscrito el 13 de agosto del 2010 expone en su primera cláusula que Capitol “prestará servicios de seguridad a la Universidad con personal debidamente adiestrado y capacitado…”. Asimismo, los guardias contratados deben saber leer y escribir, poseer un certificado de buena conducta de la Policía, someterse a pruebas de sustancias controladas, poseer una licencia vigente expedida por la Policía para ejercer como guardia de seguridad y poseer una licencia de portar armas si es que la llevarán consigo.
La violación o desempeño negligente de cualquiera de estos requisitos conlleva la violación del contrato, según expone la cláusula número 24 del mismo. No obstante, la UPR no ha hecho gestión alguna para investigar los sucesos violentos ocurridos la madrugada del 7 de diciembre de 2010 ni días posteriores. En cuanto a las horas de trabajo y paga a los guardias, éstos están autorizados a trabajar hasta 12 horas diarias y ganan entre $11 y $13 la hora.
En este contrato de seguridad, que cubre sólo los predios del Jardín Botánico, la UPR gastará $920,485 en el año 2010. Desde el año 2008 la Administración Central de la UPR ha gastado $2,594,956 en contratos de seguridad con Capitol Security. Por su parte, el Recinto de Río Piedras suscribió otro contrato, que venció el 30 de junio de este año, por $1.4 millones. El nuevo contrato de dicho Recinto, que de existir cubriría la fecha de los eventos del paro estudiantil, no está disponible en la Oficina del Contralor y la administración universitaria se negó a entregarlo a un grupo de estudiantes de derecho que lo solicitaron el pasado 9 de diciembre.
Por su parte, el informe de la ACLU finaliza al exponer que: “This is but the latest of many events since this new Puerto Rican government came into power that serves to illustrate the times in which citizens of Puerto Rico are living, there appears to be a concerted effort by the government to dismantle any semblance of dissidence. The government is on an ideological campaign to put down obstacles to its political agenda by implementing cold war tactics reminiscent of the 1960’s and 1970’s. Its must vulnerable victims are the fundamental rights guaranteed by the first, fourth and fifth amendments to the Constitution of the United States, the Puerto Rico Constitution, and international human rights documents.”
* Publicado por rojogallito para Desde Adentro.